21 Abr ¿Te imaginas que el dentista en Las Palmas fuese público?
Desde hace unos años, vivimos tiempos convulsos en la profesión de dentista. Nunca ha existido una cobertura pública de los servicios dentales. Es un gran agujero en los sistemas públicos de salud. No obstante, antes de la crisis económica, éste era un agujero del que se hablaba poco. La mayoría de la población, mal que bien, podía ir costeándose acudir al dentista. Aunque fuese sólo para realizar los tratamientos básicos.
Sin embargo, desde el estallido de la mayor crisis desde la Gran Depresión, se ha evidenciado la brecha entre los que pueden y los que no pueden pagarse el dentista. Existe un segmento poblacional que desgraciadamente no puede acceder al dentista. Conscientes de la existencia de este problema, han aparecido franquicias dentales como VitalDent, Funny Dent o iDental. Con diferencia, el caso más escandaloso de mala praxis médica y empresarial ha sido el de iDental. Se habla de que ha sido la mayor estafa sanitaria de la historia de España y de las mayores del mundo.
Ante la evidencia de este problema, muchos políticos han empezado a hacer propuestas que van en la dirección de integrar los tratamientos dentales en la sanidad pública. La alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha sido de las primeras en proponer un servicio público de odontología. La propuesta de Colau supone la creación de un dentista municipal y, a su vez, la colaboración con las clínicas privadas mediante un sistema de precios subvencionados. Ahora mismo, de cara a la campaña son varios los partidos que proponen la integración del dentista en lo público. PSOE, UP, Cs y PP llevan diferentes propuestas en este sentido.
Lo que cabe preguntarse es si realmente piensan poner en marcha estas medidas o estamos hablando sólo de promesas electorales. La integración completa de todos los tratamientos en el sistema supondría un coste astronómico para el erario público. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las competencias de Sanidad están transferidas. Por tanto, no se aplicaría esta medida de forma uniforme en todo el Estado. Lo más razonable sería que la sanidad pública cubriese los tratamientos más básicos, poniendo el foco en los grupos de población especialmente vulnerables: niños y ancianos. Para el resto de tratamientos, se debería de colaborar con los dentistas privados. Lo ideal sería establecer un sistema de precios subsidiados al que se pudiesen adscribir voluntariamente las clínicas dentales privadas.
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